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Justicia climática distributiva

La transición energética y, en general, la lucha contra el cambio climático, tienen efectos directos sobre las desigualdades sociales, aspecto a tener en cuenta y resolver. De hecho, la semana pasada hablábamos en estas mismas páginas de la justicia territorial y generacional.

La entrada de nuevas tarifas eléctricas, con 3 periodos diarios es un ejemplo de lo que vendrá. Un modelo renovable comporta más intermitencia en la generación y, por tanto, más variabilidad en la que la demanda debe saber adaptarse. Veremos momentos donde el precio será muy bajo y momentos donde el precio será más alto. Los franceses, con un modelo muy rígido de generación que tiene dificultades en adaptarse a la demanda, hace años que tienen un sistema donde se definen 300 días con las tarifas azules a bajo precio, 43 días con tarifas blancas caras y 22 días con tarifas rojas muy elevadas. Dentro de cada día tienen dos períodos, el alto y el valle, que allá va de las 22 h hasta las 6 h. Las tarifas rojas van desde 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, las blancas de 1 de octubre a 31 de mayo y las azules son para el resto del año. La diferencia de su sistema es que nadie sabe de forma predeterminada qué día es rojo o blanco: la red lo dice el día antes, tanto en los medios de comunicación como en un aparato que hay en casa que lo indica con el color correspondiente. No sé cuánto tiempo tardaremos en aplicarlo a la red ibérica, pero es evidente que habrá que llegar hasta aquí para hacer un mejor uso de la electricidad. Francia ha conseguido que la relación entre punta y valle sea de 1,3, mientras que España tiene esta relación en 1,6. Ahora hemos empezado el camino de reducción.

Hemos visto todos que el precio de la electricidad desde mitad de marzo ha subido de forma considerable. Desde que el viento ha aflojado su participación en la generación eléctrica, la electricidad debe basarse en la energía nuclear, la hidráulica y los ciclos combinados de gas. En estos momentos el precio del gas está alto y el precio de emitir CO2 (en Europa se debe pagar una tasa: tenemos un sistema de pago por emisiones llamado ETS) también ha subido por las nubes, llegando a 56 € / tCO2 cuando el año pasado había pasado de 15 a 37 € / tCO2. La influencia de la tasa de CO2 en el precio de la electricidad es notable, haciendo que el Ministerio de la Transición Energética y Cambio Climático haya decidido que las centrales nucleares e hidráulicas no se beneficien de este efecto de precio. El descuento que propone para una central nuclear, por ejemplo, es de 6,75 € / MWh, unos 4,9 millones mensuales por una central de 1.000 MW. La repercusión que puede llegar a tener para la factura eléctrica para todos es de 2 € / MWh durante los meses de menos aportación renovable.

Volviendo al tema de la justicia, ahora hemos empezado un periodo donde irán apareciendo tasas sobre el CO2 que afectarán a la gasolina, el gasóleo, el gas y la electricidad. El objetivo de la tasa de CO2 es el de forzar a la economía que se vaya adaptando, bien sea cambiando el coche por uno eléctrico, cambiando la calefacción a gas o a gasóleo por una bomba de calor, colocar mejor aislante en las viviendas, cambiando la composición y la fabricación de los productos … un camino que pide invertir para cambiar y adaptar muchos de nuestros aparatos y conductas. Cambiar un coche por otro eléctrico puede suponer hoy un suplemento de 6 o 7 mil euros. Adecuar la vivienda puede suponer una inversión de 10 o 15 mil euros, esto en el caso de que uno sea su propietario. Poner placas fotovoltaicas en el tejado con 3,5 kW, y instalar una batería de 7,5 kWh para almacenar esta energía solar, puede suponer un gasto de 11 mil euros. A pesar de las ayudas que habrá, es una cifra difícil para muchas familias y un cambio muy complicado en un edificio de pisos si no se hace de forma comunitaria. Una bomba de calor en aerotermia para un piso pequeño pedirá una inversión de más de 2 mil euros. Todo ello puede suponer que la adaptación de una familia en la transición energética sea de casi 30 mil euros, muy difícil para llevarlo a cabo en pocos años.

Mientras no vaya haciendo estas inversiones el coste diario del ciudadano irá subiendo, mermando su capacidad adquisitiva. Es lo que ocurrió en Francia con los Gillet jaunes: el autónomo que iba de Montpellier a Arles, a trabajar cada día con su furgoneta diésel, veía como el precio del gasóleo subía cada año por culpa de la Tasa de CO2 y cómo en la banlieue de París tenían transporte público sin incrementos de precios. A finales el autónomo francés se rebeló.

La Tasa de CO2 debe ser justa para evitar todo esto. También debe ser neutra fiscalmente, lo que exige que la recaudación se devuelva al sistema de la forma más equitativa posible. Suecia comenzó con la tasa a mediados de los años 90 y el retorno lo hace disminuyendo la cotización social de las empresas, una auténtica palanca a la creación de empleo. Mi opción es la de disminuir el IVA con el mismo importe recaudado por la tasa. En pleno debate francés salió una medida de Canadá que es la transferencia directa a cada contribuyente del importe de forma progresiva, una estrategia interesante. Así, si en España hubo unas emisiones de 278,5 millones de toneladas de CO2 en el año 2019, si el precio llega un día a 100 € / tCO2, implica que la recaudación sería de 27.000 millones de euros. Esto tocaría a grosso modo a un ingreso para cada familia de 1.760 euros. Y, si se hace de forma progresiva según la renta de cada uno, podría significar que el decil que cobra menos no reciba nada y que el decil que cobre menos reciba al año una transferencia de 3.500 euros. Posiblemente sea la forma más justa que hay para hacer frente a la transición energética, pero no se hará. La recaudación por IVA en el 2019 fue de 71.500 millones. Si se aplicase la recaudación por CO2 la tasa podría bajar del 21% al 13%! Pero no se querrá hacer esto, se preferirá tener ingresos para ir dando subvenciones a discreción y engordando la burocracia del sistema, haciendo un camino lleno de injusticias y problemas sociales.

Joan Vila

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